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Lo que más se pregunta sobre la nueva ley de datos personales, respondido en simple y con el artículo de la ley que lo respalda.
Los órganos públicos pueden tratar datos sin consentimiento cuando lo hacen para cumplir sus funciones legales dentro de su competencia. Deben respetar los principios de la ley y los de la Administración, como coordinación, probidad y eficiencia, y cumplir los deberes de información, seguridad, reporte de vulneraciones y contratos con encargados. Responden ante la Agencia a través de su jefe superior.
Leer la respuesta completa →Un dato personal es cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable. Una persona es identificable si su identidad puede determinarse, directa o indirectamente, mediante identificadores como el nombre, el número de cédula o elementos de su identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social.
Leer la respuesta completa →Sí. Los datos obtenidos de internet, redes sociales o registros públicos siguen siendo datos personales y su tratamiento queda sujeto a la ley. Que estén a la vista no autoriza cualquier uso: se necesita una base de licitud, informar la fuente y respetar el derecho de oposición del titular.
Leer la respuesta completa →Sí. La ley define tratamiento como cualquier operación, automatizada o no, y base de datos como cualquier conjunto organizado de datos, sin importar su forma. Fichas en papel, archivadores, libros de visitas o carpetas de personal quedan sujetos a la ley si contienen datos personales organizados.
Leer la respuesta completa →Sí. Los órganos públicos son responsables de datos y pueden tratarlos sin consentimiento cuando lo hacen para cumplir sus funciones legales, dentro de su competencia. Deben respetar los principios, los derechos de los titulares y los deberes de información, seguridad y reporte de vulneraciones, y pueden ser sancionados a través de su jefe superior.
Leer la respuesta completa →Sí. La Ley 19.628 no fue derogada: sigue vigente con su texto actual hasta que rija la reforma, y desde entonces seguirá vigente con el texto que le da la Ley 21.719. Por eso los contratos y las políticas deben citar la Ley 19.628 y sus modificaciones, no una ley distinta.
Leer la respuesta completa →No la reemplaza ni la deroga: la modifica. La Ley 21.719 reescribe la mayor parte de la Ley 19.628, con nuevas definiciones, principios, derechos, deberes y reglas para órganos públicos y transferencias, y le agrega títulos sobre la Agencia, las infracciones y la prevención. La Ley 19.628 sigue existiendo, con su número y un nuevo nombre.
Leer la respuesta completa →La Ley 19.628 es la ley original de 1999, con reglas básicas y sin autoridad de control especializada. La Ley 21.719 es la reforma que la reescribe: crea la Agencia de Protección de Datos Personales, define bases de licitud, amplía los derechos, agrega deberes de seguridad y reporte, regula transferencias internacionales y establece multas de hasta 20.000 UTM.
Leer la respuesta completa →Sí. La Ley 21.719 se aplica a toda empresa que trate datos personales, sin importar su tamaño. Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen las mismas obligaciones de fondo, pero la ley permite estándares mínimos diferenciados según su tamaño, que dueños asuman el rol de delegado y, durante el primer año, sanciones de amonestación escrita.
Leer la respuesta completa →La Ley 21.719 es la ley chilena que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. No es una ley separada: reescribe casi por completo la Ley 19.628, que pasa a llamarse «sobre protección de los datos personales», y fija derechos, deberes, infracciones y multas.
Leer la respuesta completa →Se aplica a toda persona natural o jurídica, pública o privada, que trate datos personales de personas naturales: empresas de cualquier tamaño, profesionales independientes, fundaciones, colegios, clínicas y órganos del Estado. Las excepciones son el tratamiento con fines de opinar e informar y el que hacen las personas en sus actividades personales.
Leer la respuesta completa →A fines de septiembre de 2026, el proyecto (boletín 18.623-07) estaba en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, con urgencia suma renovada el 22 de septiembre y sin votaciones. Le faltan la discusión en Sala, el paso por la Cámara de Diputados y la promulgación.
Leer la respuesta completa →No. Según el texto ingresado al Senado, el proyecto de postergación solo cambia la fecha de vigencia, la composición del Consejo Directivo de la Agencia y la amonestación del primer año. Los derechos de las personas, los deberes de las organizaciones, las infracciones y los montos de las multas quedan iguales.
Leer la respuesta completa →La Agencia podrá sancionar infracciones cometidas desde la entrada en vigencia de la reforma, porque el régimen de infracciones y multas forma parte de las modificaciones que rigen en esa fecha. Para tramitar los procedimientos sancionatorios, además, la Agencia debe estar instalada y en funcionamiento.
Leer la respuesta completa →Sí. La ley regula todo tratamiento de datos personales que se realice desde su entrada en vigencia, sin distinguir cuándo se recolectaron los datos. Por eso, las bases que una empresa ya tiene y sigue usando deben contar con una base de licitud, estar informadas en su política y cumplir los demás deberes.
Leer la respuesta completa →Desde la entrada en vigencia, la empresa queda expuesta a reclamos de los titulares ante la Agencia, a fiscalizaciones, a sanciones por cada incumplimiento y a demandas de indemnización. No estar adecuado no es una infracción en sí misma: lo sancionable es cada deber concreto que no se cumpla, como no informar, no responder o no proteger los datos.
Leer la respuesta completa →El proyecto del Ejecutivo, boletín 18.623-07, tiene un artículo único y dos disposiciones transitorias. Propone que la Ley 21.719 rija desde el 1 de diciembre de 2027, amplía el Consejo Directivo de la Agencia a cinco consejeros, ajusta su designación y permite amonestar por escrito a cualquier responsable durante el primer año.
Leer la respuesta completa →No está postergada. El Gobierno ingresó el 1 de septiembre de 2026 un proyecto (boletín 18.623-07) que propone mover la vigencia de la Ley 21.719 al 1 de diciembre de 2027, pero a fines de septiembre de 2026 seguía en primer trámite en el Senado. Mientras no sea ley, rige el 1 de diciembre de 2026.
Leer la respuesta completa →La Ley 21.719 entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026. Su artículo primero transitorio fija el inicio el primer día del mes vigésimo cuarto posterior a su publicación, que fue el 13 de diciembre de 2024. Un proyecto de ley en tramitación propone trasladar esa fecha al 1 de diciembre de 2027.
Leer la respuesta completa →La Ley 21.719 exige mantener publicada una política de tratamiento con fecha y versión, junto con la identidad del responsable, el canal para solicitudes, los datos que se tratan, sus finalidades, la base legal, los destinatarios, las medidas de seguridad, los derechos de los titulares, las transferencias internacionales, los plazos de conservación, la fuente de los datos y las decisiones automatizadas.
Leer la respuesta completa →Una casilla separada, sin marcar por defecto, con un texto específico, por ejemplo: «Acepto recibir el boletín y ofertas de [empresa] por correo electrónico. Puedo darme de baja en cualquier momento. Más información en la política de privacidad». No debe mezclarse con la aceptación de términos y condiciones.
Leer la respuesta completa →Es la persona designada por la máxima autoridad de la organización para informar y asesorar sobre la protección de datos, supervisar el cumplimiento, formar al personal, atender las consultas de los titulares y servir de punto de contacto con la Agencia. Su designación es voluntaria, salvo para quienes adoptan un modelo de prevención de infracciones.
Leer la respuesta completa →El modelo de prevención de infracciones es un programa de cumplimiento que una empresa puede adoptar de forma voluntaria para prevenir infracciones a la Ley 21.719 (artículo 49). Incluye designar un delegado de protección de datos, identificar qué datos trata y dónde está el riesgo, y fijar protocolos, reportes y sanciones internas. Su certificación corresponde a la Agencia de Protección de Datos Personales (artículo 51).
Leer la respuesta completa →Sí. La Ley 21.719 permite tratar datos sin consentimiento cuando el tratamiento es necesario para celebrar o ejecutar un contrato con el titular, para cumplir una obligación legal, para satisfacer un interés legítimo que no afecte sus derechos, para defender un derecho ante tribunales u órganos públicos, o para datos comerciales conforme al Título III.
Leer la respuesta completa →Es el contrato que la Ley 21.719 exige entre el responsable y el proveedor que trata datos personales por su cuenta, como un software en la nube, un call center o una empresa de remuneraciones. Regula qué puede hacer el proveedor con los datos, con qué instrucciones, por cuánto tiempo y con qué deberes de seguridad y confidencialidad.
Leer la respuesta completa →No. La Ley 21.719 se aplica a toda persona natural o jurídica que trate datos personales, sin importar su tamaño, incluidas pymes, profesionales independientes, fundaciones y órganos públicos. El tamaño solo influye en los estándares mínimos que fijará la Agencia, en el cálculo de algunas multas y en la amonestación del primer año para pymes.
Leer la respuesta completa →Los pasos habituales son: diagnóstico e inventario de datos; definición de bases legales por tratamiento; política de tratamiento y avisos; procedimiento de atención de derechos; medidas de seguridad y protocolo de vulneraciones; contratos con proveedores; evaluación de impacto si corresponde; capacitación; y revisión periódica. Opcionalmente, un modelo de prevención de infracciones certificable por la Agencia (artículos 49 a 51).
Leer la respuesta completa →Los montos máximos en UTM son los mismos, pero la ley trata distinto a las pymes en tres puntos: la Agencia debe considerar su capacidad económica al fijar la multa, no se les aplica la multa alternativa de hasta el 2% o 4% de los ingresos por reincidencia y, durante el primer año de vigencia, pueden recibir una amonestación escrita en vez de multa.
Leer la respuesta completa →El consentimiento es toda manifestación de voluntad libre, específica, inequívoca e informada, otorgada mediante una declaración o una clara acción afirmativa, por la cual el titular, su representante o mandatario autoriza el tratamiento de sus datos personales. Es la regla general de licitud, aunque la ley admite otras bases sin consentimiento.
Leer la respuesta completa →Puede pedir a la empresa que le informe qué datos tiene, de dónde los obtuvo y para qué los usa, oponerse al tratamiento o pedir su supresión. La empresa debe responder en treinta días corridos, prorrogables una vez por igual plazo. Si no responde o rechaza la solicitud, la persona puede reclamar ante la Agencia y, una vez acogido el reclamo, demandar una indemnización por los daños sufridos.
Leer la respuesta completa →Sí. Quien vende por Instagram, WhatsApp o marketplaces trata datos personales de sus clientes: nombres, teléfonos, direcciones de despacho y conversaciones. Aunque sea un emprendimiento pequeño, es responsable de esos datos y debe tener una base legal, informar cómo los usa, protegerlos y atender las solicitudes de los clientes.
Leer la respuesta completa →No. La Ley 21.719 protege solo los datos de personas naturales. El RUT, la razón social o la facturación de una sociedad no son datos personales. Sí lo son los datos de las personas vinculadas a la empresa, como el nombre y el correo de un contacto, de un representante legal o de un trabajador.
Leer la respuesta completa →Sí, en varios casos. Se aplica a empresas extranjeras que tratan datos a nombre de un responsable establecido en Chile, a las que ofrecen bienes o servicios a personas que están en Chile, aunque sean gratuitos, y a las que monitorean su comportamiento, por ejemplo con rastreo o perfilamiento. También cuando un contrato o el derecho internacional lo determine.
Leer la respuesta completa →No hay un período de gracia general. Desde la entrada en vigencia todas las obligaciones son exigibles. La única regla especial es que, durante los primeros doce meses, la Agencia podrá sancionar a las empresas de menor tamaño con una amonestación escrita en vez de una multa, y esa amonestación igual queda registrada.
Leer la respuesta completa →No en general. A diferencia del reglamento europeo, la Ley 21.719 no obliga a todas las empresas a designar un delegado de protección de datos: dice que el responsable «podrá» designarlo. Solo es obligatorio para quienes adoptan voluntariamente un modelo de prevención de infracciones, porque el programa exige su designación.
Leer la respuesta completa →Para cumplir la Ley 21.719, una empresa debe saber qué datos personales trata y con qué base legal, informarlo en una política de tratamiento, responder a los titulares dentro de 30 días corridos, proteger los datos, reportar las vulneraciones de seguridad y exigir contrato a quien trate datos por su cuenta. Y tiene que poder demostrarlo.
Leer la respuesta completa →La Agencia revisa la admisibilidad dentro de diez días hábiles y, si acoge el reclamo, notifica a la empresa, que tiene treinta días corridos, prorrogables, para responder con sus antecedentes. Puede abrirse un período de prueba, citarse a audiencia para un acuerdo o allanarse la empresa. La Agencia resuelve fundadamente en un plazo máximo de seis meses.
Leer la respuesta completa →La empresa debe recibir la solicitud por el canal establecido, verificar la identidad del solicitante, acusar recibo, ubicar los datos, decidir si procede y responder por escrito dentro de treinta días corridos, prorrogables una vez. Si la rechaza, debe fundarla e informar el derecho a reclamar ante la Agencia. Además, debe guardar respaldo de todo.
Leer la respuesta completa →Así se conocía en Chile a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de la Ley 19.628 original. La Ley 21.719 los actualiza y amplía: hoy son acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo, y se suma el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas que afecten significativamente a la persona.
Leer la respuesta completa →La Ley 21.719 reconoce a toda persona seis derechos sobre sus datos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo. Además, le da derecho a no ser objeto de decisiones basadas solo en tratamientos automatizados que la afecten significativamente. Son derechos personales, intransferibles e irrenunciables, y no pueden limitarse por contrato.
Leer la respuesta completa →Sin consentimiento solo en seis casos: datos que el titular hizo manifiestamente públicos, para fines relacionados; entidades sin fines de lucro políticas, religiosas, sindicales o gremiales respecto de sus miembros; urgencias vitales o impedimento del titular; defensa de derechos ante tribunales u órganos administrativos; derechos y obligaciones laborales o de seguridad social; y autorización o mandato legal.
Leer la respuesta completa →Los datos de salud y del perfil biológico son datos sensibles con un régimen reforzado: con consentimiento expreso solo pueden tratarse para los fines previstos en las leyes sanitarias, y sin consentimiento solo en casos taxativos. Además, la ley prohíbe tratarlos cuando se recolectan en ámbitos como el laboral, educativo, deportivo, de seguros o de seguridad, salvo ley expresa.
Leer la respuesta completa →La ley exige que todo tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes atienda a su interés superior y respete su autonomía progresiva. Los datos de menores de 14 años requieren el consentimiento de sus padres o representantes; los adolescentes consienten como adultos, salvo sus datos sensibles si tienen menos de 16 años.
Leer la respuesta completa →Son datos obtenidos mediante un tratamiento técnico específico de las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que permiten o confirman su identificación única, como la huella digital, el iris, los rasgos de la mano o faciales y la voz. Son datos sensibles y requieren consentimiento expreso más información específica.
Leer la respuesta completa →Los datos sensibles son los que se refieren a características físicas o morales de las personas o a hechos de su vida privada o intimidad que revelan origen étnico o racial, afiliación política, sindical o gremial, situación socioeconómica, convicciones ideológicas o filosóficas, creencias religiosas, salud, perfil biológico, datos biométricos, vida sexual, orientación sexual e identidad de género.
Leer la respuesta completa →Son leyes complementarias. La Ley 21.663, Ley Marco de Ciberseguridad, regula la seguridad de las redes y sistemas de los servicios esenciales y operadores de importancia vital, con su propia autoridad y deberes de reporte de incidentes. La Ley 21.719 protege los datos personales de cualquier responsable. Un mismo incidente puede activar deberes en ambas leyes.
Leer la respuesta completa →La ley no exige un letrero con ese nombre, pero sí que el responsable informe sus tratamientos de manera clara y accesible. Para quienes pasan frente a una cámara, un aviso visible en el acceso que indique quién graba, para qué y dónde consultar la política es la forma práctica de cumplir el deber de transparencia.
Leer la respuesta completa →La Ley 21.719 exige medidas técnicas y organizativas apropiadas al riesgo, considerando el estado de la técnica, los costos, la naturaleza del tratamiento y la gravedad de sus posibles efectos. Deben asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de los sistemas, y evitar la alteración, pérdida o acceso no autorizado a los datos.
Leer la respuesta completa →Es un incidente que ocasiona la destrucción, filtración, pérdida o alteración accidental o ilícita de los datos personales, o la comunicación o el acceso no autorizado a ellos. Incluye ciberataques, pero también errores humanos, como enviar un correo a la persona equivocada o perder un documento con datos.
Leer la respuesta completa →Sí. La Ley 21.719 no prohíbe las cámaras, pero las imágenes de personas identificables son datos personales. Se necesita una finalidad legítima, como la seguridad, informar a las personas que están siendo grabadas, limitar la cobertura y el tiempo de conservación, restringir quién ve las grabaciones y protegerlas. Si monitorean zonas públicas en forma sistemática, se requiere evaluación de impacto.
Leer la respuesta completa →Debe contener el incidente, evaluar qué datos y cuántas personas se afectaron, reportarlo a la Agencia sin dilaciones indebidas si hay riesgo razonable para los titulares, avisar a cada afectado cuando se trate de datos sensibles, de niños menores de 14 años o financieros, registrar lo ocurrido y adoptar medidas para evitar que se repita.
Leer la respuesta completa →La Agencia dicta instrucciones y normas generales obligatorias, interpreta administrativamente la ley, fiscaliza a quienes tratan datos, determina infracciones, aplica sanciones, resuelve los reclamos de los titulares, difunde los derechos, propone reformas legales, coopera con otros organismos y certifica y registra los modelos de prevención de infracciones.
Leer la respuesta completa →La multa base más alta es de 20.000 UTM, para infracciones gravísimas. Si hay reincidencia, la Agencia puede aplicar hasta tres veces ese monto y, si el infractor no es una empresa de menor tamaño y reincide en una infracción gravísima, la multa puede llegar hasta el 4% de sus ingresos anuales por ventas y servicios del último año calendario.
Leer la respuesta completa →La entrada en vigencia de la Ley 21.719 no depende de que la Agencia esté instalada. Las obligaciones de las organizaciones y los derechos de las personas rigen igual, y los titulares los ejercen primero ante el responsable. Lo que se retrasa es la capacidad de fiscalizar, resolver reclamos y sancionar mientras la Agencia no funcione.
Leer la respuesta completa →La fiscaliza la Agencia de Protección de Datos Personales, una corporación autónoma de derecho público, técnica y descentralizada, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía. Puede requerir información, dictar instrucciones obligatorias, resolver reclamos de los titulares y aplicar sanciones.
Leer la respuesta completa →Es el organismo que crea la Ley 21.719 para velar por la protección de los datos personales y fiscalizar el cumplimiento de la ley. Es una corporación autónoma de derecho público, de carácter técnico y descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente a través del Ministerio de Economía.
Leer la respuesta completa →La Ley 21.719 fija multas según la gravedad: las infracciones leves se sancionan con amonestación escrita o multa de hasta 5.000 UTM; las graves, con multa de hasta 10.000 UTM; y las gravísimas, con multa de hasta 20.000 UTM. En caso de reincidencia, la multa puede triplicarse o, en empresas que no son de menor tamaño, llegar al 2% o 4% de sus ingresos anuales.
Leer la respuesta completa →Los colegios tratan datos de niños, niñas y adolescentes, de apoderados y de su personal, y la ley les impone una obligación especial de velar por el uso lícito y la protección de los datos de sus alumnos. Deben atender al interés superior del niño, pedir consentimiento de los padres cuando corresponda, limitar los datos de salud, proteger las plataformas y avisar a los padres si se filtran datos de menores de 14 años.
Leer la respuesta completa →Los más usados son: 30 días corridos para responder solicitudes de derechos, prorrogables una vez; 2 días hábiles para responder un bloqueo temporal; 30 días hábiles para reclamar ante la Agencia; 15 días hábiles para reclamar ante la Corte de Apelaciones; y cuatro años para la prescripción de las infracciones.
Leer la respuesta completa →Sí. La Ley 21.719 obliga al responsable a indemnizar el daño patrimonial y extrapatrimonial que cause a los titulares cuando, en sus operaciones de tratamiento, infringe los principios, derechos u obligaciones de la ley y les causa perjuicio. Esto se suma a los demás derechos del titular, como reclamar ante la Agencia.
Leer la respuesta completa →La geolocalización de una persona puede tratarse con las mismas bases de licitud que cualquier dato personal: consentimiento, contrato, ley, interés legítimo o defensa de derechos. Pero la ley exige informar al titular de forma clara, suficiente y oportuna el tipo de datos, la finalidad, la duración del tratamiento y si se comunicarán a terceros.
Leer la respuesta completa →Es un análisis previo que el responsable debe realizar antes de iniciar un tratamiento que probablemente genere un alto riesgo para los derechos de las personas. Describe el tratamiento y su finalidad, evalúa si es necesario y proporcional, identifica los riesgos y define las medidas para mitigarlos. Es conocida también como EIPD.
Leer la respuesta completa →El directorio debe asegurar que la empresa cumpla la ley y adopte acciones para prevenir infracciones. Si la empresa adopta un modelo de prevención, la máxima autoridad, como el directorio, designa al delegado de protección de datos y debe dotarlo de medios. Además, aprueba recursos y supervisa los riesgos de datos como parte de la gestión de riesgos de la compañía.
Leer la respuesta completa →La Ley 21.719 establece ocho principios para todo tratamiento de datos: licitud y lealtad, finalidad, proporcionalidad, calidad, responsabilidad, seguridad, transparencia e información, y confidencialidad. Infringirlos es sancionable por sí mismo y sirven para interpretar el resto de la ley.
Leer la respuesta completa →Es el envío de datos personales desde Chile a una persona, entidad u organización ubicada en otro país, ya sea un responsable o un encargado. Ocurre, por ejemplo, al usar servicios en la nube con servidores fuera de Chile, al compartir datos con la casa matriz o al contratar proveedores extranjeros. La ley la permite solo bajo ciertas condiciones.
Leer la respuesta completa →Un sitio web que recoge datos debe publicar su política de tratamiento, informar en cada formulario quién recibe los datos y para qué, pedir solo los datos necesarios, obtener consentimientos separados para usos opcionales, ofrecer un canal para ejercer derechos, proteger los datos y revisar las herramientas de terceros que instala, como analítica, píxeles y chats.
Leer la respuesta completa →El Título III de la Ley 19.628, que regula los registros de deudas como los boletines comerciales, se mantiene con ajustes: se puede informar el cumplimiento o incumplimiento de ciertas obligaciones, las deudas prescritas deben suprimirse sin necesidad de solicitud y las filtraciones de datos financieros obligan a avisar a los afectados. Además, la Agencia fiscalizará a estos registros.
Leer la respuesta completa →Se parece en su estructura: ambos establecen principios similares, bases de licitud con interés legítimo, derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad, reglas sobre decisiones automatizadas, protección desde el diseño, evaluación de impacto, reporte de vulneraciones, transferencias internacionales con garantías, una autoridad independiente y multas relevantes.
Leer la respuesta completa →La ley no regula la inteligencia artificial como tal, pero se aplica cada vez que un sistema de IA trata datos personales. Exige base legal para usar datos en el sistema, transparencia sobre decisiones automatizadas y perfiles, el derecho a explicación, intervención humana y revisión, evaluación de impacto en usos de alto riesgo, y contratos con los proveedores de IA.
Leer la respuesta completa →Sí, con base legal y respetando la oposición. Para personas que no son clientes, la base más segura es el consentimiento específico para recibir publicidad. Para clientes actuales, puede analizarse el interés legítimo respecto de productos similares. En todos los casos, el destinatario puede oponerse al marketing directo y la empresa debe dejar de enviarle publicidad.
Leer la respuesta completa →Los trabajadores son titulares de datos y el empleador es responsable de los datos que trata sobre ellos. Debe tratar solo los datos necesarios para la relación laboral y las obligaciones legales, informarles cómo los usa, protegerlos, respetar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo, y aplicar reglas estrictas a los datos de salud, biométricos y sindicales.
Leer la respuesta completa →Regula el deber de información y transparencia: el responsable debe mantener a disposición del público, en su sitio web o medio equivalente, su política de tratamiento con fecha y versión, su identificación, canales de contacto, categorías de datos, finalidades, bases, destinatarios, medidas de seguridad, derechos, transferencias, plazos de conservación, fuentes, retiro del consentimiento y decisiones automatizadas.
Leer la respuesta completa →No. La ley no fija un umbral de clientes, trabajadores, ventas ni volumen de datos: se aplica desde el primer dato personal que se trate fuera de un uso personal. El volumen sí importa para otras cosas, como la evaluación de impacto obligatoria en tratamientos masivos y los estándares diferenciados que fije la Agencia.
Leer la respuesta completa →Quedan fuera dos tratamientos: el que se realiza en ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, y el que hacen las personas naturales en sus actividades personales, como la agenda del teléfono o las fotos familiares. Los medios de comunicación sí quedan sujetos a la ley en lo que traten con otros fines.
Leer la respuesta completa →No. La Ley 21.719 no crea un registro de bases de datos y ordena eliminar el registro de bancos de datos que llevaba el Registro Civil. El único registro nuevo es el Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento, donde se anotan las sanciones impuestas y los modelos de prevención certificados.
Leer la respuesta completa →Mientras no entre en vigencia la reforma, rige la Ley 19.628 con su texto actual. Desde el 1 de diciembre de 2026 regirá ese mismo cuerpo legal con las modificaciones de la Ley 21.719, que incluyen la Agencia, nuevos derechos y multas. Un proyecto en tramitación propone que el cambio ocurra el 1 de diciembre de 2027.
Leer la respuesta completa →La Ley 21.719 ya está publicada, pero sus reglas de fondo aún no rigen: las modificaciones a la Ley 19.628 entran en vigencia el 1 de diciembre de 2026. Algunas disposiciones transitorias sí operan antes, como la dictación de reglamentos y la designación del Consejo Directivo de la Agencia. Un proyecto en tramitación propone postergar la fecha un año.
Leer la respuesta completa →La Ley 21.719 protege los datos personales de las personas naturales, es decir, cualquier información que las identifique o permita identificarlas, como su nombre, RUT, correo, imagen, voz o ubicación. Lo hace regulando cómo se recolectan, usan, guardan y comparten esos datos, en conformidad al artículo 19 N° 4 de la Constitución.
Leer la respuesta completa →Los principales cambios son: crea una Agencia que fiscaliza y sanciona, amplía los derechos de las personas, exige una base legal para cada tratamiento, obliga a informar, proteger los datos y reportar vulneraciones, regula proveedores y transferencias internacionales, y fija multas de hasta 20.000 UTM, que pueden aumentar en caso de reincidencia.
Leer la respuesta completa →El empleador puede tratar los datos necesarios para celebrar y ejecutar el contrato de trabajo y cumplir sus obligaciones legales: identificación, contacto, remuneraciones, cotizaciones, asistencia, evaluaciones de desempeño y datos de seguridad social. Datos sensibles solo para obligaciones laborales y de seguridad social previstas en la ley, y datos de salud solo con autorización legal expresa.
Leer la respuesta completa →Sí, en parte. El Decreto N.º 662 del Ministerio de Hacienda, publicado el 9 de septiembre de 2026, regula los modelos de prevención de infracciones y su certificación. Faltan el reglamento sobre comunicación y cesión de datos entre órganos públicos y anonimización, que se dicta después de la vigencia, y las instrucciones generales de la Agencia.
Leer la respuesta completa →Fuentes de estas respuestas: Ley 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, según su texto publicado en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2024 (edición 44.023, CVE 2583630); Ley 19.628, cuyo texto modifica la Ley 21.719, y Ley 20.416, que define las empresas de menor tamaño. Normas consultadas en la Biblioteca del Congreso Nacional.
Contenido informativo. No constituye asesoría legal; para su caso, consulte con un abogado habilitado.
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